El I Foro CeJuego 2026, celebrado este miércoles en Madrid, ha reunido a representantes de las administraciones autonómicas, organizaciones sindicales, especialistas en juego problemático y profesionales de la industria para analizar los principales desafíos regulatorios y sociales del sector. Entre las principales conclusiones del encuentro, los participantes han reclamado que la próxima legislatura retome la reforma de la Ley del Juego para mejorar la lucha contra el juego clandestino y avanzar hacia una regulación basada en evidencias.
Durante la mesa redonda ‘Nuevos retos regulatorios y sociales del sector del juego’, el director corporativo de Relaciones Institucionales de Cirsa, Carlos Duelo, advirtió de los posibles efectos de una regulación excesivamente restrictiva. «Cuanta más regulación impones al sector, más dejas la puerta abierta a que el consumidor vaya a operadores ilegales porque al final lo que quiere es jugar», defendió.
El debate abordó también el reparto de competencias entre las comunidades autónomas en materia de juego presencial, una actividad que representa el 0,8 % del PIB nacional. Los participantes insistieron en la necesidad de escuchar a los distintos agentes implicados y de tener en cuenta los datos y la experiencia del sector a la hora de diseñar nuevas medidas regulatorias.
CeJuego señala al juego clandestino como enemigo común
En la clausura, el director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, apeló a la colaboración entre las administraciones públicas y los diferentes actores de la industria para combatir el juego clandestino, al que definió como el «verdadero enemigo común». Asimismo, reclamó que se escuche a todos los agentes del sector en el desarrollo de las políticas públicas.
El foro también puso el foco en la contribución económica y laboral de la actividad. Según los datos expuestos durante la jornada, el sector genera cerca de 50.000 empleos directos y 180.000 indirectos, además de aportar 1.024 millones de euros en impuestos.
